El equipo de gobierno popular aprobó en solitario en el último Pleno, con los votos en contra de PSOE y EU y la abstención de ADIi, la modificación puntual número 14 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite el crecimiento urbanístico del municipio en la salida de Ibi hacia Tibi.

Esta modificación posibilita la reclasificación a urbanizable de un millón y medio de metros cuadrados de suelo rústico en el área de influencia de la autovía; un trámite que ahora no se contempla, según el portavoz popular Miguel Ángel Agüera. Explicó que la modificación responde a la necesidad de adaptar el PGOU a las directrices de crecimiento que permite la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y “de no hacerlo estaríamos impidiendo que Ibi sea competitivo frente a otros municipios de la comarca”.

PSOE y EU se opusieron frontalmente a esta modificación opinando que se trata de una revisión del Plan General “en cubierta” y de “un traje a medida” para un futuro proyecto urbanístico. Fue el portavoz de EU, José Vicente Verdú, quien puso nombre a esa sospecha al mostrar una publicación en el Pleno donde una empresa promociona la llamada ‘ecoaldea Daroca’.

Agüera insistió en las ventajas de la modificación porque “las directrices que se establecen para el desarrollo del suelo en Ibi son de extrema calidad y sostenibles”. Del proyecto dijo que es sólo la iniciativa de una empresa, pero que en el caso de que se implantase algún día generaría muchos puestos de trabajo. Agregó que si se hiciera en el futuro alguna reclasificación de suelo sería para “beneficiar a Ibi y sobre todo al sector terciario”.

Las explicaciones no convencieron a la oposición que recordaron las numerosas unidades de ejecución todavía sin construir, como Alamí, Giravella, Guisval, Rico y Picó, entre otras. Tanto PSOE como EU anunciaron la presentación de recursos porque aseguraron que la tramitación es ilegal. Según el portavoz socialista, Antonio Martos, es nula de pleno derecho porque no existe motivación, no se revisa el Plan General y contradice varias leyes y normativas sobre regulación del suelo. La alcaldesa, Mayte Parra, defendió su legalidad amparada por informes técnicos y jurídicos

El colectivo de ecologistas Amics de le Muntanyes se ha sumado a la protesta porque consideran “muy preocupante” la falta de información del PP sobre cuestiones que deben someterse a conocimiento público, a través del consejo municipal de Medio Ambiente. Recuerdan que ya advirtieron de un posible proyecto en Finca Daroca y no descartan recurrir la decisión.