El lunes 11 de mayo fue aprobada en Pleno (con los votos a favor de PP y Bloc y la abstención del PSOE) una ordenanza fiscal mediante la cual cada visitante del Castillo que no esté empadronado en Castalla tendrá que pagar dos euros por acceder a la fortaleza.

El dinero recaudado con esta medida irá destinado a cinco asociaciones solidarias de la localidad, como son las dedicadas al cáncer, fibromialgia y alzheimer, la asociación de discapacitados y Manos Unidas.

Se da la circunstancia de que la ordenanza cuenta con un informe en contra del interventor, Eloy Bordera, donde se hace constar que la ley impide discriminar entre empadronados y no empadronados.

Aun así, pero siendo conscientes de que en otras localidades se desarrolla este tipo de práctica, además de los fines solidarios del dinero recaudado, el Ayuntamiento ha decidido seguir con la ordenanza, puesto que “no queremos el dinero para recaudar más, sino para favorecer a los más necesitados”, afirmó la teniente de alcalde, Sabina Santonja.

Por su parte, el PSOE ha denunciado públicamente que el alcalde ocultó el informe desfavorable del interventor, además de que les hizo “chantaje” al hacer que estuvieran presentes en el Pleno representantes de tres de las asociaciones beneficiarias de esta medida.

Prats negó ambos extremos, pues el informe “es público” y “en ningún momento ha sido ocultado”. El primer edil indicó que los funcionarios “hacen su trabajo, pero, a pesar del informe desfavorable, creemos que prima el poder favorecer a la gente de Castalla”.

En cuanto al “chantaje” o “encerrona”, el alcalde no lo consideró así: “¿Desde cuándo es chantaje querer favorecer al pueblo?”. Prats valoró el voto a favor del Bloc, al que tildó de “oposición constructiva”.