La alcaldesa de Castalla, Maite Gimeno, quiere que la empresa que gestiona la Escuela Infantil Municipal Ninos reduzca sus tarifas y las condiciones de acceso sean más cómodas para las familias del municipio. 

Según explicó, “la empresa debe mirar por las familias y evitar una situación de casi monopolio costeada con dinero público”.

Por su parte, la concejal de Educación, María González, recordó que, por decisión del anterior gobierno municipal, la Escuela Infantil Municipal es gestionada por la mercantil Ninos Gestió Educativa Coop. Valenciana, que, además de las cuotas mensuales que pagan las familias según el contrato de concesión, percibe del Ayuntamiento una compensación de hasta 70.000 euros anuales en función de los niños matriculados.

Según González, además de estas ayudas, para compensar la pérdida de ingresos sufrida por la mercantil debido a los recortes que la Generalitat Valenciana está aplicando en la educación de cero a tres años, “Ninos exige al Ayuntamiento el cobro de 44.000 euros adicionales, haciendo valer para ello un acuerdo verbal con el exalcalde José Luis Prats para que la empresa pudiera reducir sus tarifas en el curso 2010/2011 sin sufrir merma en sus beneficios”.

La edil explica que la subvención exigida por la concesionaria “no fue vista por ningún órgano municipal competente para su concesión y, en consecuencia, no pudo ser aprobada ni quedó recogida en ningún documento oficial que justifique el pago”.

Para González, “la empresa actuó precipitadamente al asumir que José Luis Prats les otorgaría las ayudas, pero no existe ningún documento que acredite la aprobación por el órgano competente del Ayuntamiento, de modo que no vamos a permitir que la empresa haga nada que perjudique a las familias, pues debe primar el servicio a las familias y no el beneficio mercantil”, explicó la concejal.

Estas circunstancias han provocado que la intervención del Ayuntamiento emita un informe desfavorable al pago de esos 44.000 euros.

En una reunión organizada por Ninos con las familias, la alcaldesa y la edil de Educación transmitieron a la empresa la necesidad de que ésta redujera sus precios para ajustarlos a las actuales circunstancias y situación económica de las familias. González considera que la empresa “gestiona un servicio público de primera necesidad y disfruta de unas ventajas que la obligan a una reducción de las tarifas”.

Maite Gimeno concluyó afirmando que el equipo de gobierno “está dispuesto a estudiar soluciones para aliviar la fuerte carga que soportan las rentas familiares, pero no vamos a renunciar al objetivo de poner freno al crecimiento que en los últimos años han sufrido impuestos como el IBI. Para ello, vamos a exigir una política de austeridad, tanto en el gasto como en los beneficios pretendidos por empresas que prestan servicios municipales”.