El nuevo concejal de Hacienda, Rafael Serralta, mantuvo ayer su primera reunión con los portavoces del resto de grupo políticos para intentar desbloquear la situación de “desgobierno” que existe en el Ayuntamiento, tras la operación policial, iniciada la pasada semana, por una presunta trama corrupta de adjudicaciones de obra pública que provocado la dimisión del anterior responsable, Miguel Ángel Agüera, y su imputación por cinco delitos económicos.

En el encuentro, en el que ha participado también la portavoz popular, Amparo Pina, los grupos PSOE, EU, ADIi y CDL han entregado un documento en el que se concretan un listado de peticiones que deben abordarse “de manera inmediata”, según la oposición, y que son “condición indispensable para verificar que hay voluntad de cambio hacia la transparencia”.

Encabezan ese listado la auditoría y las facturas de las tarjetas Visa, a nombre de Mayte Parra y Miguel Ángel Agüera.
Sobre la primera cuestión se ha llegado al acuerdo de que se pondrán, de inmediato, los mecanismos para que se saque a concurso la ejecución de la auditoría.
En cuanto a la entrega de la documentación (extractos, albaranes y tickets) de las tarjetas Visa, a cargo de los fondos públicos del Ayuntamiento y solicitadas desde 2009, tanto Rafael Serralta como Amparo Pina han expresado su compromiso de ponerla a disposición de la oposición antes del 15 de junio.

Sin embargo, la voluntad de la primera edil en este tema es bien diferente, según explica el portavoz de ADIi, Nicolás Martínez, ya que Mayte Parra “sigue oponiéndose y bloqueando el acceso a esta información”.

En el listado, los grupos piden también toda la documentación que ha dado soporte a las contrataciones adjudicadas por “negociado sin publicidad” desde 2005 y la relación de contenciosos que tiene el Ayuntamiento, con los importes pagadas y los pendientes. Ambas cuestiones se entregarían también, según el acuerdo, antes del 15 de junio.

Asimismo, se ha acordado modificar los estatutos de Promoibi y Radio Ibi, con el nombramiento de nuevos consejeros, y convocar el concurso para la contratación del alumbrado extraordinario de fiestas.

Dos temas destacados también son la reclamación a la Generalitat del pago del Palacio de Justicia y los alquileres de los locales de la zona de ocio. En ambos casos, de no producirse, podría tramitarse una demanda de desahucio.
La situación de la urbanización del Alamí, del polígono NPI-7 y de los costes de explotación del Teatro Río, han sido reclamados igualmente por la oposición.