El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante decretó el 14 de marzo que el Ayuntamiento debe asumir la “responsabilidad patrimonial” e indemnizar con 6.288 euros al vecino Ismael Vicedo Bernabeu por los problemas económicos que le ha generado el retraso de la tramitación del sector NP-5 (el nuevo polígono industrial pendiente de urbanizar).
La sentencia, sobre la que no cabe recurso, señala que el 31 de julio de 2007 el Ayuntamiento designó a la mercantil Intersa Levante SA como agente urbanizador del PAI y se pactó el proyecto de reparcelación al que optó el vecino por haber pagado los costes de urbanización.
Sin embargo, el sector no se ha desarrollado ni tampoco ha habido justificación de este retrado por parte del Ayuntamiento, generando unos gastos al denunciante por los avales depositados.
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