El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha resuelto la incapacidad permanente en grado de total para el trabajador Jorge Villanueva, que inició hace diecisiete días una huelga de hambre en la puerta del Ayuntamiento en demanda de la restitución a su puesto de trabajo en la biblioteca municipal, de donde fue trasladado en 2004 para ocupar otros puestos en el almacén de obras y en el Centro de Información Juvenil.

El teniente de alcalde de Recursos Humanos, José Antonio Onsurbe, daba a conocer el miércoles a mediodía esta resolución del INSS, que convierte a Villanueva en pensionista desde el 1 de junio, cesando su relación laboral con el Ayuntamiento. En el escrito se especifica que, en marzo de 2011, el tribunal médico decidirá si revisa o no su situación de incapacidad.

Aunque el trabajador fue informado por el concejal, la tarde anterior, de esta resolución, el miércoles todavía mantenía su actitud, indicando que el INSS no se lo había notificado personalmente. Por eso, en la rueda de prensa, Onsurbe le solicitaba que desistiera de su actitud “puesto que dada la resolución ya no tiene sentido ni cabe que la siga formulando ante el consistorio”.

A primera hora de la tarde, Jorge Villanueva abandonaba la huelga de hambre anunciando que recurrirá la decisión, al entender que está capacitado para trabajar y que no ha sido visto por ningún tribunal médico.

Ante los medios de comunicación, el concejal insistía que, en todo momento, el Ayuntamiento ha sido respetuoso con la situación del trabajador “aunque nunca nos ha parecido correcta esta medida de presión”. Recordaba que se le ha ofrecido la reincorporación a un puesto de trabajo acorde con las recomendaciones del informe de la Inspección de Trabajo, “que podía ser en la biblioteca o en otro departamento, pero siempre tras presentar el alta médica”.

Por su parte, el responsable del departamento de personal, Vicente Llinares, explicaba que la resolución del INSS llega tras un proceso iniciado a instancias del propio Villanueva, “al solicitar que se considerara como accidente laboral su enfermedad”. El trabajador ha estado de baja continuada desde 2006, con diagnóstico de depresión neurótica, con incorporaciones temporales, y esta situación obligaba al INSS ha dictar una resolución.

Asimismo, Onsurbe manifestaba que el Ayuntamiento recurrirá la propuesta de sanción interpuesta por el INSS de más de 10.000 euros, que se trata de un recargo del 30% del importe de las cuotas de la Seguridad Social del trabajador, porque “entendemos que es improcedente que se diga que se ha incurrido en acoso laboral, ya que en ninguna sentencia anterior aparece ese término”.

El concejal declaraba que el consistorio “ha querido ser escrupulosamente discreto con este caso aún sabiendo que con la medida adoptada se hacía un uso mediático que no procedía”.

Finalizaba asegurando que el departamento de Recursos Humanos se esforzará al máximo para que en el futuro “se sigan cuidando las condiciones de los trabajadores y no se den este tipo de situaciones que no benefician a ninguna de las partes”.