El portavoz de EU, José Vicente Verdú, en declaraciones a este periódico, opina que “posiblemente estemos ante uno de los casos más graves que he podido conocer desde que formo parte de la Corporación, no tanto por la cantidad económica en juego como por la amalgama de irregularidades administrativas detectadas, alguna de las cuales, como pone de manifiesto el Fiscal, podría ser constituir una presunta malversación de caudales públicos”.

Recuerda que presentó un recurso hace 10 meses que sigue sin resolverse y  realizó preguntas en el Pleno que han quedado sin responder. Además, “el equipo de gobierno se ha negado a discutir siquiera la conveniencia de formar una comisión de investigación, así que el único camino al que me he visto abocado ha sido el de interponer una denuncia ante el Fiscal”.

En opinión de Verdú, el Fiscal se queda corto en sus apreciaciones, tanto respecto a los hechos presuntamente delictivos como respecto a las personas presuntamente responsables.

En cuanto a la versión de Miguel Ángel Agüera, opina que es fruto de un desconocimiento absoluto respecto a lo que significa la malversación de caudales. Ahora bien, “si todo es tan legal y tan trasparente como dice, no tiene sentido que el Interventor formulase un reparo de legalidad perfectamente fundamentado, es decir, invocando varios motivos por los que esas facturas no deberían haberse pagado."

Acciones legales

El primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera, anuncia que emprenderá acciones legales contra Verdú por “la información sesgada y deliberadamente omitida a la Fiscalía”. Con ello quiere también desagraviar el nombre de Serafines ya que “con estas actuaciones premeditadas se atenta contra los intereses municipales y los de un intachable restaurante”.