Por J. J. Fernández Cano, escritor

Sí, en este país nuestro, en el que nos consideramos gobernados por una democracia ya suficientemente consolidada, nos topamos (y esto ocurre más a menudo de lo que sería deseable) con situaciones que vulneran los principios democráticos en sus principios más sensibles: la impunidad permitida por parte de nuestros gobiernos de turno ante quienes provocan situaciones tan dramáticas como la que se está viviendo en zonas marginales como la Cañada Real madrileña, un botón que nos muestra a otros muchos barrios degradados de las principales ciudades españolas.

No hay invierno en el que la pobretería de nuestro país (que va en aumento) no sufra, además de otras muchas necesidades de primer orden, el desmesurado aumento del recibo de la luz cuando el frío muestra sus más crudos rigores, lo que a muchas familias pone en el brete de decidir entre comer o calentarse, ambas cosas no. Y tanto los gobiernos anteriores como el actual, autonómicos y central, han sido incapaces, hasta ahora, de hincarle el diente a este hueso.

La impresión que tenemos los ciudadanos que no conocemos a fondo los entresijos, tratados o intrincados acuerdos que existen entre compañías eléctricas y Gobierno, no somos capaces, por más que nos devanamos los sesos, de encontrar una explicación lógica a este amasijo de sinrazones que dan como fruto una tremenda injusticia social perpetrada contra la mayor parte de nuestra sociedad y, mayormente, contra las clases más desfavorecidas.

Los ciudadanos que no tenemos acceso a información más explícita, a lo más que llegamos es a concluir que las compañías eléctricas le pegan un escandaloso subidón al recibo cuando les parece bien, coincidiendo siempre, eso sí, con épocas o rachas en las que el fluido eléctrico es vital para las familias. Y nuestros gobernantes, del tinte político que sean, no hacen algo para evitar la infamia. ¿Por qué? Pues todo hace pensar que no saben, no quieren o no pueden, ya que estas grandes compañías tienen más poder que el propio Gobierno.

Por otra parte, en los recibos que se nos muestran se describe que más de la mitad de su cuantía no corresponde a la energía consumida, sino a impuestos, recargos y otros conceptos, lo que aumenta la confusión del usuario. En otros países de nuestra Comunidad Europea, han encontrado, si no la solución al problema, sí, al menos, hacer más llevadera la carga, reduciendo el IVA. Si en nuestro país no se aplica alguna solución razonable, continuaremos pagando la luz más cara de Europa.